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Las 12 medidas que reclaman los fiscales para detener el accionar de los jefes narco que están presos

Nestor Fabián “El Negro” Rojas (45) piensa a lo grande: maneja cargamentos de cocaína y marihuana desde su celda, amenaza de muerte al que se le cruza con el mismo aplomo que si estuviera libre y tiene largas y picantes conversaciones con su pareja dignas de cualquier hot- line.

No importa que la Justicia lo haya trasladado del frágil penal de Puerto Rico, en Misiones. Desde el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, Rojas se las ingenia para dar órdenes y también para tratar de imponer su sello narco: el PCF (Primer Comando de Frontera), sigla con la que pretende emular al poderosísimo PCC brasilero.

Si tan solo no pudiera hablar con tanta libertad desde la cárcel, si no pudiera dar órdenes, si no obtuviera teléfonos celulares para manejar su banda, tal vez las cosas serían distintas y en las rutas no seguirían apareciendo ladrillos de droga con la marca PCF.

Eso es lo que piensan los fiscales federales, que hace tiempo se pusieron a analizar el problema de los jefes narco que presos y condenados logran mantener su liderazgo tras las rejas. Y eso trata de encarar hoy el Procurador General interino Eduardo Casal.

En un documento al que accedió Clarín, Casal eleva formalmente al Ministerio de Justicia de la Nación una serie de reclamos -diplomáticamente denominados “recomendaciones”- para terminar con el poder de los capos narcos que operan desde los penales.

El planteo es resultado de varias reuniones con fiscales que intervienen en temas vinculados al narcotráfico. Esa mesa de trabajo se creó por orden de Casal después de que el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, elevará un lapidario informe cuya tesis central sostiene que el “crimen organizado se ha incrementado desde los establecimientos carcelarios”.

Aquel informe sostuvo que el crimen organizado cuenta con un marcado “despliegue dentro de las instituciones carcelarias”, más específicamente “el problema que significa el intercambio y comercialización de estupefacientes al interior de los establecimientos penitenciarios”.

Entre los hallazgos expuestos por la PROCUNAR se determinó que dentro de las cárceles federales hay “personas en niveles jerárquicos de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”.

La situación, que fue calificada de una “preocupante gravedad”, impulsó la mesa de trabajo creada por orden de Casal que firmó el documento con un conjunto de medidas de inmediata aplicación para combatir con el fenómeno del aumento del crimen organizado, planificado, pergeñado y concretado desde las prisiones federales. 

“Están grabando estos putos… están grabando, manga de putos. A ver que graben, ya que están ahí: díganle a esos jueces que esto recién comienza, que van a pagar todos lo que hicieron (…). El peor error de ustedes es no haberme matado (….). Se van a arrepentir de haber nacido porque no saben lo que les estoy preparando a todos ustedes”, se oye gritar a Rojas en una escucha telefónica tomada el 19 de octubre de 2020.

El Negro- personaje que se hizo conocido en plena pandemia de coronavirus por contratar a dos sicarios brasileños para intentar matar al juez de Instrucción N° 3 de Posadas, Fernando Luis Verón -es uno de los 19 cuyo accionar analizó la  PROCUNAR en su informe.

La situación es grave y se extiende por todo el pais. Luego de apilar ejemplos tan tremendos como el de Guille Cantero y los Monos ( Rosario) o el trafico de explosivos armado desde el penal de Marcos Paz por el Rey de la Efedrina, Mario Segovia, desde las fiscalías federales dieron el primer alerta. Y de su análisis se desprenden los 14 puntos del documento del Procurador, que apuntan sobre todo al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

Las 12 medidas urgentes1) Realizar una adecuada y profunda caracterización de los internos condenados o procesados por pertenecer a organizaciones criminales complejas. En base a ello, el Servicio Penitenciario Federal debería hacer una clasificación o segmentación con el resto de los internos. La evaluación sobre los índices de riesgo y peligrosidad deberá realizarse de manera periódica.

2) Cumplir la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de las cárceles.

3) Instalar inhibidores de señal telefónica en los pabellones o módulos de los establecimientos penitenciarios en que se alojen los internos que lideran o integran organizaciones criminales complejas.

4) Ser cuidadoso en el otorgamiento de beneficios (reducción de condenas por ejemplo) respecto de los miembros de las estructuras superiores de organizaciones criminales complejas condenados por trafico o contrabando de drogas.

5) Asegurar un estricto cumplimiento de las medidas de tenencia y custodia de objetos no permitidos.

6) Llevar un control estricto y detallado del ingreso de visitas, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario para evitar que ingresen sustancias u objetos prohibidos.

7) Aumentar y mejorar las requisas e inspecciones en los lugares de detención de internos considerados de “alto riesgo”, pudiendo sumar a representantes del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal u otros organismos con competencia en la materia.

8) En función de los estudios criminológicos se deberá priorizar el alojamiento de los líderes e integrantes de organizaciones criminales complejas en establecimientos penitenciarios clasificados como de máxima seguridad. Ademas se deberán tomar los recaudos necesarios para prevenir que compartan espacios de alojamiento o actividades con otros miembros o eslabones de sus organizaciones u otras organizaciones criminales de similar naturaleza.

9) Si el traslado a cárceles de máxima seguridad no es posible, se deberán extremar las medidas de seguridad para poder implementar un régimen de custodia más estricto donde se encuentren alojados, para prevenir la comisión, planificación o dirección de delitos que se ejecuten en el exterior.

10) Incrementar la continua formación y perfeccionamiento profesional del personal penitenciario.

11) Extremar los controles respecto de los agentes y funcionarios encargados de la seguridad y custodia de las personas que, de acuerdo a sus antecedentes criminológicos, hayan contado o puedan contar con un importante ascendente sobre otros internos o personas en el exterior de los establecimientos penitenciarios, y que puedan dirigir, planificar, supervisar o coordinar maniobras ilícitas del campo de la criminalidad organizada.

12) Reforzar el debido control sobre el cumplimiento de la obligación de presentación de declaraciones juradas patrimoniales integrales por parte de los agentes y funcionarios encargados de la seguridad y custodia de las personas que, de acuerdo con sus antecedentes criminológicos, hayan cometido maniobras ilícitas del campo de la criminalidad organizada; así como respecto al periódico control de su evolución patrimonial.

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