El fiscal Federal Cristian Rachid solicitó al juez Juan Maqueda medidas cautelares urgentes luego de la denuncia por delitos electorales que formuló el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio en contra del gobernador Alberto Rodríguez Saá y su gabinete por el uso de fondos públicos para financiar la campaña del frente oficialista.
La denuncia del comité apuntó a maniobras irregulares que detectaron en la administración de Rodríguez Saá para revertir la derrota de las PASO y ganar las elecciones del 14 de noviembre, con la utilización de fondos públicos.
Hace tres semanas, y por iniciativa del candidato a diputado nacional opositor Claudio Poggi, Juntos por el Cambio denunció al gobierno de Rodríguez Saá por “crear un nuevo mecanismo de ‘fondos rotatorios’ de 400 millones de pesos en concepto de anticipos de coparticipación que serán repartidos discrecionalmente a los intendentes para entregar subsidios en dinero o en bienes de manera excepcional”, según informaron en un comunicado.
Así lo denunció Ricardo Endeiza, presidente de la Comisión Jurídica para Delitos Electorales Unidos por San Luis, que trabaja en la comisión a nivel nacional que dirige Patricia Bullrich.
El ex gobernador Poggi, quien se impuso en las PASO con más del 46% de los votos sobre los candidatos de los Rodriguez Saá, había advertido que serían “revisados por el Tribunal de Cuentas los fondos que disponen discrecionalmente los ministros y secretarios de Estado a través de las ‘cajas chicas’, que escapan a los procesos de contratación ordinario y carecen de un mecanismo de rendición ajustado a la Ley de Contabilidad”.
Y reveló que el Comité había enviado más de 60 cartas documento “a todos los funcionarios públicos involucrados y a los intendentes”.
La denuncia contra Alberto Rodríguez SaáJuntos por el Cambio presentó hace dos semanas la denuncia penal contra el gobierno de San Luis por usar dinero público con fines “clientelistas y discrecionales”, tras la derrota en las últimas PASO.
Acusaron entonces al gobernador Alberto Rodríguez Saá y sus funcionarios de ser “partícipes de delitos electorales que prohíben la actuación gubernamental o privada destinada a captar el sufragio de los ciudadanos, promover o desincentivar el voto a favor o en contra de determinados candidatos”.
Entre los delitos que se le atribuyeron al Gobierno puntano están los de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos.
Los denunciantes sostuvieron que las conductas practicadas en la provincia puntana podrían configurarse como “acciones típicas disfrazadas de asistencia social, mediante la posible extracción o desvío de fondos públicos” para la financiación de actividades partidarias a través de la entrega de dinero en efectivo.
Y apuntaron que Rodríguez Saá creó un mecanismo de anticipos de coparticipación al que accedieron municipios alineados al gobernador, lo que “les permitiría a los intendentes oficialistas disponer de dinero líquido para aplicarlo a la campaña electoral”.
Además, aseguraron que el gabinete de Rodríguez Saá solicitó la creación de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado “por la suma individual e idéntica de $5 millones para cada dependencia, lo que supondría un gasto total de $85 millones” y dejaría a estos funcionarios en condiciones de otorgar subsidios en efectivo de hasta $ 50.000 con sólo una mera declaración jurada como mecanismo de rendición de cuentas.
La denuncia fue presentada por Jimena de la Torre, presidente de la asociación civil Bases Republicanas y representante del tercer sector en el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, y por Ricardo Aníbal Endeiza, apoderado de la alianza electoral Unidos por San Luis.
“El gobierno de Rodríguez Saá busca repetir lo que hizo en las elecciones del 2017, donde tuvo una dura derrota en las PASO y con acciones delictivas de este tipo logró revertir el resultado para las Generales. Por eso es fundamental que habiéndose ya detectado de forma previa las maniobras, la Justicia actúe de manera inmediata, antes de que sucedan lo hechos”, sostuvo de la Torre.
El Comité de Control Electoral fue lanzado este mes por Juntos por el Cambio con el objetivo de detectar y denunciar irregularidades en los comicios generales del 14 de noviembre.
LM/DS
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