Tal como lo anticipó hace tres meses, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó un escrito ante la jueza Comercial Marta Cirulli para que la quiebra decretada sobre el Correo Argentina SA, sea extendida al Grupo Macri, tanto a SOCMA como a Sideco, los dos conglomerados de la familia del ex presidente.
El argumento fue la necesidad de “contar con otros activos” para que el Estado -principal acreedor- pueda cobrar la deuda verificada. La quiebra se encuentra suspendida tras la apelación formulada por los abogados del Correo.
La movida de Zannini se da veinte días de las elecciones legislativas y cuando el kirchnerismo busca poner en el foco al ex presidente.
El 5 de julio la jueza comercial Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentina SA, cuya firma controlante es SOCMA. El pedido de dicho proceso fue realizado por la Procuración del Tesoro. La magistrada describió la situación actual de la empresa como “ruinosa” y señaló que “no tiene actividad comercial” y que no puede “afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y post concursal”.
El Correo Argentino fue declarado en quiebra por la Justicia.
Para evitar la quiebra, la empresa había ofrecido al Estado -su principal acreedor- un pago total de 1.000 millones de pesos en base a una deuda reconocida en un informe de la Sindicatura. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini, se opuso a la oferta y requirió la quiebra de la compañía. El Estado es el principal acreedor del Correo Argentino, y le reclama una cifra superior a los 4.500 millones de pesos.
En ese marco, la magistrada evaluó que al ser el Estado el principal acreedor y ya que el mismo no avaló la oferta realizada, “no puede considerarse obtenida la mayoría requerida por la ley en cuanto a cantidad de personas que votaron favorablemente la mejora de propuesta formulada por la concursada. Por lo tanto, también cabría decretar sin más la quiebra de la concursada”.
Avalando la postura de Zannini, la jueza Cirulli sostuvo que “no se perciben -dentro del expediente- elementos que conduzcan a afirmar que el rechazo de la propuesta evidenciado por el Estado Nacional no respondió a la defensa del interés público”.
En aquel momento el ex presidente Macri había denunciado en un carta pública que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner-, responde a una “venganza” y “persecución política” del Gobierno con el único fin de avanzar sobre él, sus hijos.
El ex presidente Mauricio Macri apuntado por el kirchnerismo.
Del otro lado, la Justicia sostiene que cuando Macri llegó a la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago “abusivo” según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa y abusiva” ya que iba a perjudicar “gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Parala fiscal la deuda era de 70.000 millones de pesos.
Con la quiebra suspendida momentáneamente, Carlos Zannini en un escrito de 82 páginas al que accedió Clarín, pidió ante la jueza que la quiebra sea extendida a SOCMA y a SIDECO. “Bajo el interés de obtener la incorporación de otro u otros patrimonios a la masa activa , por ello son interesados naturales y directos”, para promover la medida.
Como el Estado es el principal acreedor del Correo y el Procurador sostiene que es necesario ir por todos los bienes del holding para garantizarse el cobro de la deuda. Reiteró en el escrito que la firma “posee un desmesurado pasivo concursal y post concursal”, situación que calificó de “crítica” y como tal, “genera dudas razonables sobre su capacidad de pago”.
Ante tal escenario, Zannini indicó que el Correo Argentino está “imposibilitado” de hacer “frente a sus obligaciones”. La empresa reiteró, sin embargo, que la deuda reconocida por la Sindicatura asciende a más de $ 1.000 millones y que ofrecieron un plan de pagos por la totalidad de la acreencia, que el propio Procurador desestimó.
En su defensa, Zannini indicó que su deber es el de “velar por los intereses del Estado y hacerlos valer con su equipo de abogados”. Por ese motivo y para garantizarse el cobro de la deuda, referenció que Sociedades Macri, es quien tiene a su cargo el control de Sideco Americana y también sobre el Correo.
“Existen elementos que exhiben que las sociedades aquí demandadas junto con su controlada (Correo Argentino) funcionan como un grupo empresario, por tanto solidario en las obligaciones de cualquiera de sus marcas”, dijo Zannini en el escrito presentado a finales de septiembre pero que hicieron público este lunes. Al explicar este punto, refirieron a Socma como garante un crédito para asistencia financiera, mostrando la relación económica del holding.
Sobre la situación y ante la consulta de Clarín, fuentes de la compañía indicaron que ” si se extiende la quiebra a Socma, quien sea nombrado administrador de Socma puede renunciar a los juicios donde se reclama la indemnización por los bienes que el Estado le quitó a Correo”.
Existen tres juicios contra el Estado Nacional iniciados por el Grupo Macri en el fuero Contencioso Administrativo Federal, por la expropiación del Correo Argentino firmada por Néstor Kirchner en noviembre de 2003. La cifra involucrada en los tres reclamos asciende a 400 millones de dólares.
Cuando Kirchner estatizó la empresa, el argumento era que Socma tenía una deuda por el canon que debía pagar al Estado de 296 millones de pesos-dólares. Además debía un porcentaje de intereses en concepto de actualización.
Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por 1.700 millones de pesos, para compensar supuestas inversiones realizadas. El Procurador sostiene que la deuda supera los $ 6.000 millones.
Desde el Grupo empresarial indicaron que si se renuncia a esos juicios, “el kirchnerismo se garantiza impunidad por el robo de los bienes, pues evitando su pago puede ocultar ante la opinión pública el robo. Pagar, en cambio, lo dejaría expuesto como responsable de una desastrosa y costosa apropiación (le pasó con YPF, Aerolíneas y Aguas)”.
En una lectura política del pedido de Zannini, expresaron que “también podría presentar al líder de la oposición como insolvente (con esa ficción), y perseguirlo como deudor del Estado, como jefe de una oposición no confiable, etc”
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