Mientras son casi cotidianas las noticias de atentados, balaceras y muertes en Santa Fe producto del narcotráfico, en la política interna provincial pareciera que los esfuerzos de algunos sectores están más enfocados en dirimir enfrentamientos entre dirigentes que en la lucha genuina contra un problema que mantiene aterrorizada a toda una sociedad. Un ejemplo de ello es lo que sucedió a fines de la semana pasada con la culminación de un proceso que terminó con la destitución, por 50 diputados y senadores a favor y 13 en contra, de Marcelo Saín.
El ex ministro de Seguridad de la provincia estaba a cargo del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, una especie de “policía judicial” destinada a la investigación de delitos organizados o en los que estén involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad o funcionarios.
Más allá del proceso legal que terminó con el conocido funcionario fuera de la actividad pública, la trama de su destitución está compuesta por una serie de episodios tales como respaldos públicos devenidos en graves denuncias y acusaciones mutuas en las que incursionan fuertes factores de poder político y judicial. Todo, claro, en un escenario de grave crisis producto de la escalada de violencia del narcotráfico.
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A Saín lo destituyeron la semana pasada mediante una sesión conjunta de las Cámaras de Diputados y Senadores santafesinas. Lo acusaron de haber violado la normativa provincial al haber publicado en sus redes sociales mensajes con tono proselitista y partidario en favor de las ideas del peronismo, lo que no sería válido para la función que cumplía hasta hace casi dos semanas como uno de los directores clave bajo la estructura del Ministerio Público Fiscal.
Marcelo Saín, el funcionario destituido por supuestas irregularidades en su gestión en la “policía judicial”. Se trata de un personaje llamativo de la política provincial conocido a nivel nacional y que entre sus apariciones más notorias en los medios estuvo un episodio en el que se filtró a la prensa un audio en el que criticaba a los integrantes de la Policía provincial. “Me chupan un huevo todos. Ustedes juegan en Primera D y yo en Primera A. (…) Son unos negros pueblerinos, les chupa un huevo todo lo que digo”, se lo escuchaba decir mientras estaba de licencia en la Oficina de Inteligencia y era ministro de Seguridad de Omar Perotti, en marzo de este año. El episodio le costó el cargo.
El caso del narcopolicía y sus supuestos vínculos Por aquellos días, la condena de un ex agente tildado de “narcopolicía” sacudía a varios sectores de la política provincial. Se trata de Alejandro Druetta, quien pese a haber estado bajo la lupa al menos desde 2007 por sus vínculos con el narcotráfico y haber sido desplazado de la fuerza en 2012 por una serie de procedimientos nulos como haber ordenado un allanamiento por supuesta presencia de cocaína que en realidad resultó ser en su mayoría azúcar, por ejemplo, en 2015 volvió al Estado pero no como agente sino como Ejecutivo.
Fue en diciembre de 2015, cuando asumió en la gobernación Miguel Lifchitz, quien designó frente al Ministerio de Seguridad al entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro y este, a su vez, designó a Druetta como jefe de la División de Inteligencia de la Dirección de Drogas Peligrosas. Sin embargo, el escenario judicial del agente sospechado por connivencia con el narcotráfico y flamante funcionario se iba a agravar con el paso del tiempo.
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Es que la Justicia le inició una causa en la que terminó condenado en marzo de este año a diez años de prisión por el delito de partícipe necesario del tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, doblemente agravado por haberse cometido mediante la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionarios públicos.
Quedó probado que junto a otro policía eran jefes de una organización delictiva que obtenía información sobre bocas de venta de droga a partir de los datos aportados por otro integrante del grupo para, de ese modo, activar procedimientos y “consolidar falsamente su función policial y éxito profesional”, de acuerdo al resumen del fallo disponible en Fiscales.gob.ar.
Traferri (de anteojos), el senador investigado por la “mafia del juego clandestino” que votó a favor de la destitución. Llamativamente, uno de los férreos impulsores del proceso que terminó con la destitución de Saín fue Pullaro, quien hace poco más de un año, cuando el nombre del funcionario destituido ya sonaba para ocupar la cartera de Seguridad, lo halagaba públicamente y hasta lo consideraba como “la persona que más sabe de seguridad pública en el país”. Sin embargo, las cosas cambiaron al punto que en septiembre de 2020, mientras era ministro, Saín se presentó como querellante en la causa “fondos reservados” que investiga el uso de dinero de la Policía bajo la gestión Pullaro para pagar abogados defensores de agentes involucrados en la desaparición forzada de un joven que estuvo detenido en una comisaría y su cuerpo fue hallado días después en el río Paraná.
“Soy uno de los tantos que creyó que Saín podía sostener la acción operativa de la policía, y que lograría un avance real y concreto contra las organizaciones criminales. Todo fue un desastre, y ahora no saben cómo reconstruirlo. Sobre gastos reservados jamás estuve implicado. Fui parte de un gobierno donde la transparencia era un valor, algo que el kirchnerismo no entiende”, explicó Pullaro ante una consulta de PERFIL.
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Mientras era ministro, Saín acusó a Pullaro de proteger a Druetta y habló de unos audios que luego fueron publicados por los medios provinciales en los que se lo escucha al ex ministro y ex diputado expresándole su apoyo al agente sospechado y prometiéndole abogados gratis.
“El día que Marcelo Sain lanzó esa acusación, unas horas antes me había presentado ante la justicia de Santa Fe, acompañado por otros legisladores, para que se investigue un escándalo millonario relacionado a la compra de armas”, añadió Pullaro. “Respecto a Duetta, fue detenido por una escuchas del 2009 cuando yo ni siquiera era diputado, y se le inició la causa en 2019. ¿Dónde estaría la complicidad? En 2012 Druetta estuvo en el departamento General López y en pocos meses había realizado 128 detenciones a narcotraficantes de todas las bandas en disputa en 87 allanamientos, y eso mereció el acompañamiento, incluso de dirigentes que hoy son oficialistas como José Freyre. Pero cuando operan con carpetazos, como lo hace el kirchnerismo, no importa la verdad, importa mentir, ocultar y engañar”, agregó.
El caso de los senadores Enrico y Traferri En otro de los audios incorporados a la Justicia y promocionados por Saín se escuchaba al senador provincial Lisandro Enrico, que le expresaba a Druetta que “quería darte el respaldo, me llamas todas las veces que haga falta, yo sé que vos estás trabajando muy bien y a eso hay que reconocerlo”. El representante legislativo fue uno de los que la semana pasada votó a favor de la remoción de Saín de su cargo.
Lisandro Enrico, el senador que impulsó la destitución de Saín. “Era un hombre haciendo política dentro del Poder Judicial. Lo que aporté como prueba es una recopilación de tuits, que es la red social que más utiliza”, denunció Enrico durante la sesión de destitución. También lo criticó en su paso como ministro de Seguridad al decir que “lo único que hizo fue perseguir chicos de 15 años que hacían fiestas clandestinas. Después no agarró a nadie”.
Antes de la sesión, Enrico estuvo en el eje de los cuestionamientos. Fue cuando Saín presentó ante la Justicia un amparo para frenar la aplicación de la sanción disciplinaria en la Comisión Bicameral y el senador publicó un tuit en el que sostuvo: “Si otra vez la misma juez impide la investigación del funcionario y la aplicabilidad de la ley, luego de que fuera ratificada su constitucionalidad, vamos a solicitar que se aboque el Tribunal de Enjuiciamiento por notoria parcialidad”. El mensaje fue leído como una presión hacia la magistrada que debía definir la cuestión.
Si otra vez la misma juez impide la investigación del funcionario y la aplicabilidad de la ley, luego de que fuera ratificada su constitucionalidad, vamos a solicitar que se aboque el Tribunal de Enjuiciamiento por notoria parcialidad
— Lisandro Enrico. (@lisandroenrico) October 22, 2021 Por otro lado, en la trama aparece el senador Armando Traferri, quién tiempo atrás había acusado a Saín de haber estado atrás de la supuesta inteligencia de una investigación que lo tiene como uno de los principales acusados en una causa por juego clandestino. En ese expediente, iniciado a partir de un asesinato perpetrado por Los Monos en el Casino de Rosario, el empresario Leonardo Peiti declaró como arrepentido que le pagaba coimas a los fiscales Patricio Sergal y Gustavo Asahad, que están detenidos, y también a Traferri, protegido por sus fueros como senador.
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Antes de la destitución, el terreno quedó preparado con la sanción de la Ley 14.016 o “Ley anti Saín”, que reguló las supuestas incompatibilidades que cometió el funcionario destituido. Quienes lo defienden sostienen que la normativa se aprobó “en 20 minutos” y fue hecha a medida como parte del plan para evitar que Saín vuelva a su cargo en el Ministerio Público tras dejar la cartera de Seguridad.
Mientras tanto, Saín, que volvió a dar clases en la Universidad de Quilmes, presentó una cautelar en contra del gobierno provincial por la “avanzada institucional” y avisó que, de ser necesario, acudirá a los organismos internacionales.
cp
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