El juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, solicitó que la empresa mejore la propuesta de pago a sus 1.727 acreedores, por una deuda total de US$ 1573 millones, que la agroexportadora ofreció saldar con una quita de 70% y pagos a 15 años, según presentó el formalmente el miércoles 17 de este mes.
El magistrado civil y comercial de Reconquista consideró que en esos términos se “pone en crisis la finalidad económico-social del proceso concursal, que no está solamente dada por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, sino también por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, la cual naturalmente resulta negada cuando la pérdida es excesiva y resultante de un proceso en el cual no han tenido otra alternativa para optar”.
En ese sentido, Lorenzini calificó el pago como de “ínfimo porcentaje (30%)” y solicitó plazos con fechas estipuladas y menores que los 15 años propuestos. Vicentin ofreció un pago inicial de hasta US$20.000 por cada acreedor, por un total de US$ 28 millones, presentado como un “pronto pago” estimado para mediados del año que viene, teniendo en cuenta que sería 6 meses después de la homologación del eventual acuerdo.
Así se cubriría el pago previsto para 1.100 productores agropecuarios, los que tendrían acreencias inferiores a US$4 millones. Luego, a partir de 2024, se pagaría el resto en 13 cuotas anuales, al resto de los acreedores. Esos pagos parciales serían de US$ 30 millones por año.
Las eventuales erogaciones se sostienen con el aval de tres inversores estratégicos, Molinos Agro, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que en conjunto aportarían US$ 300 millones por año como capital de trabajo y US$ 420 millones para cubrir el pago de las deudas, y darle continuidad operativa a la empresa.
Seis días después de la presentación de la propuesta, el juez consideró que la misma, tanto por la quita como en el plazo de pago, y “la indeterminación del comienzo del término y la falta de contabilización de intereses por el lapso de espera a que se somete el pago de los créditos, genera en rigor, una quita superior a la mera expresión de la merma prevista (como se demostró) y una clara afectación del derecho de propiedad de los acreedores, configurando un abuso del Derecho”.
En ese sentido, Lorenzini dijo haber “arribado a la convicción de que dicha propuesta concordataria debe ser modificada y ajustada por la concursada de un modo razonable, de tal forma que satisfaga adecuadamente los intereses en juego y justifique el esfuerzo compartido de los acreedores, trabajadores y terceros involucrados (directa o indirectamente), en la búsqueda de una resolución al conflicto”.
Con todo, el pedido del juez se interpretó en ámbitos judiciales como un un implícito adelanto de que prorrogará el plazo del “período de exclusividad” que vence el 16 de diciembre. Luego los acreedores podrían proponer negociaciones particulares antes de la quiebra. Aunque no dio precisiones al respecto, se estima que el juez extenderá unos meses la posibilidad de que se llegue a un acuerdo.
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