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La Coalición Cívica hizo un reclamo ante Defensa de la Competencia por el decreto que limita a las low cost

Legisladores de la Coalición Cívica presentaron un escrito ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en el que piden frenar el decreto que establece tarifas mínimas para las low cost y hacer previamente un análisis de mercado.

El petitorio fue impulsado por el legislador porteño Hernán Reyes y los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, quienes se presentaron en calidad de “usuarios” para protestar contra el decreto 879 que restablece las bandas mínimas para el transporte aéreo de cabotaje, un sistema de precios que había perdido vigencia desde 2014, durante la anterior administración K, cuando La Cámpora decidió no actualizarlas con la inflación.

“Necesitamos que la CNDC haga un análisis de mercado y establezca propuestas pro-competitivas en toda la vertical de los servicios en tierra. Mientras tanto es necesario que se suspendan de manera cautelar los efectos del Decreto para evitar que este nuevo marco empiece a distorsionar”, plantearon los legisladores.

En este sentido, señalaron que no están de acuerdo con “limitar” la competencia.

Jet Smart, una de las dos aerolíneas low cost que se ve afectada por el decreto.

“Durante el Gobierno anterior se inició un proceso que más allá de sus errores fue muy virtuoso. Más aerolíneas, nuevos tramos, más viajes y muchos más pasajeros. Desde diciembre del 2019 el Gobierno nacional tira para atrás. Necesitamos profundizar el trabajo en abrir aeropuertos con servicios menos costosos para las low-cost, reducir los costos operacionales de las aerolíneas tradicionales y abrir nuevas licitaciones”, agregaron. 

Los legisladores aclararon que no se trata de cerrar Aerolíneas Argentinas, sino de “obligarla a competir”. Y explicaron: “Ser eficiente y ofrecer un mejor servicio. Si la eligen que sea porque es la mejor. El personal con más experiencia y capacitado ya lo tiene”.

A través del Decreto 879 publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno tomó la decisión de que en un plazo “no mayor a 180 días” la cartera de Transporte aplique nuevas tarifas máximas y conforme un sistema de bandas tarifarias para los servicios internos regulares de transporte aerocomercial.

La aplicación de bandas tarifarias mínimas resulta, en los hechos, un límite a la expansión comercial de las dos únicas aerolíneas que hoy ofrecen competencia a Aerolíneas Argentinas en el mercado interno: las “low cost” JetSmart y Flybondi, las cuales habían llegado al país a partir de 2017, durante la administración anterior, con la premisa de competir en la franja de los precios mínimos.

¿Cuál fue la justificación del Gobierno? En los considerandos, el decreto dice: “Se ha realizado un análisis de los balances presentados por las empresas transportistas que operan servicios regulares con venta libre de pasajes y se concluyó que el resultado económico de todas las empresas es negativo, lo que indica que los ingresos de la actividad aeronáutica no alcanzan a cubrir los costos directos e indirectos de la misma, desde hace varios años, como resultado de la fijación de tarifas predatorias, que llevaron al colapso del sistema”.

De todos modos, las líneas aéreas suelen referirse más a la cotización del dólar como causa de sus pérdidas, principalmente a partir de la devaluación de 2018, cuando la cotización del dólar trepó de 20 a 40 pesos en pocos meses: para las líneas locales, que facturan sus tickets en pesos, representó un incremento de 100% en sus costos en dólares, los cuales a su vez representan entre 40% y 60% de los costos generales.

Pero el decreto publicado el viernes pasado, además, le devuelve en los hechos el monopolio del servicio de rampas a la empresa estatal Intercargo, cuya política (y caja), al igual que Aerolíneas Argentinas, está bajo control político de la agrupación La Cámpora.

“El Gobierno nacional quiere mantener la concesión a Intercargo (empresa estatal) en lugar de permitir que diferentes empresas puedan competir por prestar ese servicio más eficientemente. Este Decreto vuelve a la concesión de 1990 y mantiene un monopolio que perjudica a todos”, concluyen los legisladores de la Coalición Cívica.

AFG

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