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Vialidad, Magistratura y otros fallos de la Corte que enfurecieron a Cristina Kirchner

Desde que el máximo tribunal rechazó siete recursos extraordinarios, la vicepresidenta aumentó sus ataques a la Justicia.

El enfrentamiento que Cristina Kirchner sostiene con la Corte Suprema de Justicia, se construyó en base a determinadas resoluciones que los jueces firmaron a los largo de este año vinculadas a casos por presunta corrupción, como también a aspectos relacionados con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y recientemente la cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad por la reducción de la coparticipación federal.

Las decisiones generaron diversas críticas por parte de la vice y del oficialismo que intentó aumentar la conformación del máximo tribunal sin éxito.

“Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona”, replicó Cristina Kirchner en un acto público semanas previas a conocerse la primera condena por corrupción que dictaron en su contra en el caso Vialidad. La crítica pública se sumó a otras tantas ya pronunciadas contra el Poder Judicial. Pero últimamente, se circunscriben cada vez más hacia los ministros de la Corte Suprema.

Hace una semana frente a 530 jueces y fiscales, el presidente de la Corte Horacio Rosatti afirmó que “la fortaleza del Poder Judicial está en su independencia que se traduce en la no negociabilidad de nuestras decisiones”.

El discurso lo pronunció durante la cena anual de la Asociación de Magistrados. Horas previo al encuentro la Corte había firmado la acordada que anuló un decreto de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. La resolución retrotrajo el nombramiento de cuatro representantes de esa cámara al Consejo de la Magistratura.

Los representantes de la Cámara Baja juraron este miércoles y con esa determinación se desarmó otra de las jugadas del kirchnerismo para detener el funcionamiento del organismo que tiene la responsabilidad de designar como sancionar a los jueces nacionales y federales.

La medida fue una pieza más en un rompecabezas de acordadas firmadas que profundizaron el enfrentamiento que Cristina Kirchner y el Gobierno sostienen con el máximo tribunal.

Como antesala de esa decisión este año la Corte declaró inconstitucional la reforma que había impulsado Cristina Kirchner cuando fue presidenta de la Nación, sobre la conformación del Consejo de la Magistratura: redujo sus miembros de veinte a trece.

El máximo tribunal ordenó que se vuelva a su integración original y que la presidencia volviera a estar en cabeza del presidente de la Corte Suprema, blanco de las críticas de la vicepresidenta por su designación durante la gestión de Mauricio Macri por medio de un Decreto.

Fue el primer eslabón de una cadena de medidas que aumentaron el descontento de Cristina Kirchner con los cortesanos.

Esa medida que obligo a poner en riesgo la cómoda mayoría que el kirchnerismo tenía en el Consejo de la Magistratura, a sabiendas de que en Comodoro Py hay sillones clave por cubrir, abrió la discusión en el Congreso sobre los representantes de ambas cámaras que debían asumir hasta noviembre, donde se designaría a los integrantes definitivos por el próximo período hasta 2026.

La controversia por los consejeros de diputados se sumó a la controversia iniciada por los consejeros en representación del Senado, que tuvo origen en la división del bloque oficialista y la posterior designación de tres senadores del Frente de Todos -dos por la mayoría y uno más por la hipotética segunda minoría- y un radical. El senador Luis Juez, que había sido designado por el PRO como representante del tercer bloque en cantidad de miembros, fue excluido en favor de su colega oficialista Martín Doñate.

La jugada fue judicializada y la Corte terminó rechazándola por considerar que la participación del bloque del oficialismo no era más que un “ardid” para quedarse con un consejero más que el que legalmente le correspondía.

Pero esa resolución estaba referida al período de la Magistratura que concluyó el 20 de noviembre, y el Frente de Todos la ignoró en la designación de los consejeros para el período 2022-2026: volvió a nominar a Doñate, junto a los oficialistas María Pilatti Vergara y Mariano Recalde, y el radical Eduardo Vischi. Juez volvió a reclamar por su inclusión en la justicia.

Por fuera del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema por unanimidad se pronunció sobre siete recursos extraordinarios que presentó Carlos Beraldi, abogado defensor de la vice, vinculados al caso Vialidad. Al juicio por entonces, le quedaba la instancia final de alegatos, era la última carta a jugar para evitar que el debate llegue a su fin con la lectura del veredicto.

Los cortesanos en duros términos, rechazaron todos los planteos de la vicepresidenta. Hubo en las resoluciones tres ejes rectores que molestaron a Cristina Kirchner que consideró que se trató de un fallo político y no jurídico.

Por un lado se desestimaron los agravios referidos por la defensa de la vice, “destacando que el tribunal oral se limitó a ejercer las funciones que le son propias y que también rechazó pruebas ofrecidas por los acusadores”. Esto significó un amplio respaldo al Tribunal Oral Federal 2 que inició el juicio en mayo de 2019.

Después señaló que ninguna de las medidas adoptadas por los jueces representa la “gravedad institucional” aducida por Cristina Kirchner y le recordaron que no puede afectar “la buena marcha de las instituciones democráticas” el rechazo de un planteo que puede retomarse en instancias posteriores”.

Finalmente, la Corte dijo que las decisiones del Tribunal que tenía a cargo el juicio, “no se vincula a una decisión de perjudicar a la ex Presidenta o convertir al debate en un remedo de juicio”, sino a las “funciones propias” de los jueces.

La semana pasada los ministros del máximo tribunal confirmaron la condena a trece años de prisión contra Milagro Sala a quien el kirchnerismo y el propio Alberto Fernández, consideran una “perseguida política”.

Los jueces rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa y dejaron firme la sentencia condenatoria en la causa conocida como “Pibes Villeros”, donde se encontró a la referente social responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, defraudación al Estado en 60 millones de pesos (fondos que debían dirigirse a la construcción de viviendas sociales) y extorsión, por ejercer violencia sobre cooperativistas para que obedezcan “sus designios criminales”.

El fallo de la Corte dejó firme un concepto sobre la asociación ilícita que podría sentar precedente. “Sobre esa estructura institucional se montó luego una asociación ilícita que se sirvió de los recursos con que (originariamente) contaba la entidad para así, llevar adelante una serie de actos ilícitos que son motivo de juicio y que constituyen el objeto del proceso”. Milagro Sala fue acusada de ser jefa de esa organización criminal.

Casi un espejo de lo que Cristina Kirchner argumentó para esquivar la acusación por asociación ilícita en la causa Vialidad: el Estado no puede ser una organización delictiva. En minoría, el juez Andrés Basso razonó como las juezas jujeñas que juzgaron a Sala y atribuyeron dicha estructura valiéndose de los recursos del Estado.

La respuesta de la vice a estas decisiones fue un fallido intento de ampliar el número de integrantes de la Corte: pretendía el oficialismo aumentar sus integrantes a 25, entre otras jugadas. El proyecto terminó en 16 sin mayores fundamentos y la iniciativa naufragó en el Congreso. 

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