Los miembros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El 2022 de la Corte Suprema tuvo como ejes insoslayables la declaración de inconstitucionalidad de las representaciones en el Consejo de la Magistratura, cuyas consecuencias generaron un conflicto con el Legislativo de difícil salida, y la medida cautelar que en los últimos días restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, lo que abrió un escenario de fuerte tensión con la Nación y varias gobernaciones.
A dos semanas de comenzar el 2022 y por unanimidad de sus cuatro miembros, la Corte declaró inconstitucional la ley 26080 del Congreso del año 2006, que había reducido de 20 a 13 miembros el número de integrantes del Consejo, el órgano que selecciona y remueve a los jueces.
Quince años después de sancionada la ley, algo nada habitual en estas cuestiones, la Corte intervenía así en un reclamo de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde planteaban que la reforma no respetaba el “equilibrio” de los distintos estamentos.
Además, el máximo tribunal recomendaba al Congreso sancionar una nueva ley que regulara el Consejo y concedía un plazo de 120 días corridos para que se eligieran a los nuevos miembros, es decir, a mediados de abril.
El 2022 de la Corte Suprema tuvo como ejes insoslayables la declaración de inconstitucionalidad de las representaciones en el Consejo de la Magistratura / Foto archivo. Otro plazo fijado por la Corte Suprema estuvo ligado al acuerdo sobre los fondos coparticipables para la Ciudad, ya que en marzo los cuatro jueces del tribunal establecieron un lapso de 30 días, que se podrían renovar, para que las administraciones nacionales y porteña negociaran un acuerdo sobre esa cuestión.
El conflicto se originó cuando el presidente Mauricio Macri (2015-2019) elevó la coparticipación de la Ciudad de 1,4% a 3,75% en una decisión implementada por decreto con el fundamento de que el traspaso a la jurisdicción porteña de una parte de las estructuras de la Policía Federal debía ser acompañado de recursos para financiarlo.
Luego se realizó una corrección tras acordar un Pacto Fiscal con las provincias, y la alícuota destinada a CABA bajó a 3,50%.
En 2020, ya con la gestión del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández consideró que los aumentos recibidos por la Ciudad eran inconstitucionales y excedían por lejos los gastos de la Policía de la Ciudad, por lo que retrotrajo el coeficiente de coparticipación porteña a su porcentaje original.
Contra esa medida, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte por ser de su competencia los conflictos entre provincias y el Gobierno central.
En paralelo, el alcalde porteño creó un gravamen de 1,2% sobre las transacciones con tarjetas de crédito con el argumento de que necesitaba compensar la pérdida de ingresos.
Organismos de derechos humanos y agrupaciones feministas, religiosas y políticas, junto a dirigentes de la CTA de los Trabajadores, brindaron conferencia de prensa en Diputados para pedir “una reforma de la justicia” para que “sea para todos” /Foto: Leo V En relación al Consejo de la Magistratura, los nuevos miembros del organismo juraron en marzo, luego de un gran esfuerzo de los estamentos de jueces, abogados y legisladores para cumplir con el fallo que les ordenaba ampliarse a veinte.
Entre los representantes estaba el senador de Unidad Ciudadana Martín Doñate, cuestionado en la justicia por su colega de Juntos por el Cambio Luis Juez, en la convicción de que la representación de la segunda minoría le correspondía a él.
A fines de junio, por unanimidad, la Corte revocó una sentencia que favorecía a la ex mediática Natalia De Negri, quien había solicitado que se desindexaran del principal motor de búsqueda en internet los videos que había protagonizado en el marco del caso Coppola, un episodio que fraguó causas y allanamientos con la complicidad de magistrados y policías.
Para tomar la decisión, la Corte convocó en marzo a una audiencia pública a De Negri, a los representantes de la empresa tecnológica Google y a diversas entidades de la sociedad civil, para que fundaran sus posturas.
Finalmente, la Corte hizo prevalecer la libertad de expresión y el acceso público a contenidos relevantes como, consideraron, fue en los años noventa el caso Coppola.
El fallo destacó la importancia de conservar “la historia, como también el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura, aun cuando el pasado se nos refleje como inaceptable y ofensivo para los estándares de la actualidad”.
También la Corte avaló en 2022, en julio, el uso de cannabis medicinal y despenalizó su cultivo por parte de familiares de pacientes, todo ello luego de una audiencia pública en la que se escucharon los argumentos de las partes.
La Corte Suprema avaló el control estatal del autocultivo de cannabis para uso medicinalhttps://t.co/IkuBTCK4s1
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 5, 2022 A principios de noviembre la Corte ofreció otra sorpresa cuando revocó la designación del senador Doñate en el Consejo de la Magistratura, pocos meses después de haberle tomado juramento y cuando ya la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal había rechazado la pretensión de Juez por considerar que la conformación de los bloques legislativos no son materia judiciales.
Para el Frente de Todos, la decisión de la Corte de revocar el decreto parlamentario que nombraba a Doñate estuvo ligada a la elección de los representantes del estamento de los abogados, en la que la oposición del Juntos por el Cambio perdió un lugar a partir de la incorporación al organismo del laboralista Héctor Recalde, exdiputado nacional.
“Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre -y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación- la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro”, señaló la Corte con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, mientras que Lorenzetti no suscribió esa decisión.
Distintas organizaciones tras una marcha y concentración frente al Palacio de Tribunales, reclamaron “juicio político a la Corte Suprema, la remoción de sus cuatro miembros” / Foto: Florencia Downes. Por último, en el cierre del 2022 y en este caso por unanimidad, el tribunal favoreció al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al emitir una medida cautelar que dispone la restitución para la CABA del 2.95 por ciento de los impuestos coparticipables.
El presidente Alberto Fernández sostuvo que el fallo “genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta del país y el resto del país” y, tras reunirse largas horas con varios gobernadores, advirtió que el fallo sobre la coparticipación de CABA es de imposible cumplimiento, para finalmente anunciar que el Estado Nacional pedirá la revocatoria ‘in extremis’ del fallo y recusará a los cuatro jueces.