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Inédito: la Aduana sancionó a una empresa de un amigo de Ricardo Echegaray

En una decisión inédita, la Aduana suspendió por 5 días por supuestas irregularidades a RSI Group, una empresa que presta el estratégico servicio de colocación de precintos electrónicos a los contenedores en tránsito para evitar maniobras de contrabando.

Se trata de una empresa que es propiedad de un amigo del ex titular de la Aduana Ricardo Echegaray. En la actualidad, la Aduana la dirige Guillermo Michel, quien responde en forma directa al ministro de Economía Sergio Massa. Etchegaray todavía es funcionario del organismo, tiene peso en sectores K y era considerado un intocable.

RSI Group es una de las 7 empresas homologadas dentro del llamado programa Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero (ISTA) para la colocación de los precintos electrónico de monitoreo aduanero para las cargas de importación en tránsito terrestre entre aduanas.

La firma fue una de las primeras en presentarse como prestador en el marco de ISTA durante la gestión de Echegaray al frente de la Aduana.

Y uno de los dueños de RSI Group es Sergio Gustavo “El Negro” González, quien en el 2014 se hizo famoso por participar viajar con Echegaray de un vuelo de primera clase y de un hotel de lujo en Río de Janeiro. Etchegaray, ahora condenado en la causa Oil, también viajó con Jorge “El uruguayo” Lambiris Vilche. En esa ciudad, un equipo periodístico de TN intentó entrevistar a Echegaray y fue agredido por los acompañantes del ex director de Aduanas.

González conoció a Echegaray cuando éste estaba al frente de la Aduana de Río Gallegos. Fue capitán de ultramar en ELMA e ingresó luego en el negocio de los depósitos fiscales con Carestiba y en el de los precintos electrónicos con RSI Group, entre otras empresas siempre vinculadas con servicios al comercio exterior.

Luego, González trabajó para el Estado Mayor de la Armada y después en la naviera Ultramar SA, hasta 2007. Fue a partir de ese año, con Echegaray al frente de la Aduana, cuando González comenzó a formar sociedades vinculadas al negocio aduanero. Fue dueño de tres depósitos fiscales: Logiscorp SA, Puerto Seco SA y Diqxa SA.

“El Pelado” Gonzalez viajó a Brasil en el vuelo de Fly Emirates EK248 que salió de Ezeiza rumbo a Dubai, con escala en Río, la noche del 27 de diciembre. Como las familias de Echegaray y Lambiris, la de González se hospedó en el exclusivo Sofitel de Copacabana.

El 11 de agosto de 2010, Echegaray había firmado la resolución 2889, por la que se definió la creación de la “Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero”, a efectos del control de las operaciones de tránsito terrestre de importación de mercaderías.

Es decir, la selección de las empresas que prestan el servicio de monitoreo satelital de los contenedores que se mueven por el país. En abril de 2013, Echegaray firmó una nueva resolución, la 3454, que establecía la obligatoriedad de estos sistemas de monitoreo y precinto.

La titular de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Rosana Lodovico, aplicó el artículo 110 del Código Aduanero a RSI Group, que por 5 días hábiles (a partir del miércoles 21 de diciembre) no podrá operar, según a resolución 64 de esa sudirección a la que accedió Clarín.

El sumario contra esa empresa comenzó con una detección de irregularidades en los precintos de RSI Group en el Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA) en octubre.

Se labraron actas en el Depósito Fiscal Moreiro Hnos S.A., Terminal Sud y Depósito Fiscal Gate Priority donde se dejó constancia que los precintos “presentaban daños y diferencias sustanciales respecto del modelo de precinto oportunamente homologado, dificultando ello el control aduanero sobre los tránsitos de importación en el marco de la iniciativa ISTA”.

En noviembre, dice la resolución, un traslado (TLAT) desde las terminales 1, 2 y 3 del Puerto Buenos Aires a Terminal Panamericana “no pudo ser supervisado” por lo que el tránsito se efectuó sin monitoreo aduanero, lo que afectó la misión de control de la Aduana al “impedirse la trazabilidad de la carga”.

De esta manera, la Sección de Monitoreo Operativo inició una denuncia por “presunta inconducta en los términos del artículo 110 del Código Aduanero”, indicando que el prestador “ocasionó que una de las operaciones transcurriera sin su correspondiente custodia aduanera mediante el PEMA, poniendo en riesgo la renta fiscal e impidiendo garantizar la trazabilidad de la carga”.

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