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Dos años de aborto legal en Argentina: cuál es la situación en el resto de América Latina

Dos años se cumplen de aquella madrugada del 30 de diciembre en la que el aborto seguro y gratuito se convirtió en ley en el país tras meses de debate. Y si bien desde entonces se duplicaron los centros de salud que garantizan este derecho, aún el acceso es desigual según la provincia y la zona en la que se viva, ¿Que pasa en el resto de la Región? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que todos los años se producen 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría en países en vías de desarrollo, ubicados en América Latina y El Caribe. También según la OMS, el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde, aunque sea legal, no hay acceso a este derecho.

“Existen grandes avances en América Latina, donde cada vez más Estados han legislado en favor de las mujeres y personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo, algunos con ciertas condiciones o restricciones. En Argentina está la Ley, que es muy importante, ya que no solo brinda el acceso seguro al aborto, sino que además promueve otros derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a la información, a la educación sexual integral y a métodos anticonceptivos”, dice a Clarin Carmen Cecilia Martínez, abogada especialista en derechos humanos y directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe. 

“Otro de los grandes avances en América Latina se dió en Colombia, donde gracias a la histórica sentencia que logró el movimiento Causa Justa, que eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo el modelo de causales de ahí en adelante, se amplió el reconocimiento de los derechos humanos -agrega Martínez-. Con este caso queda en evidencia lo obsoleto que se encuentra la regulación del aborto en el sistema penal. Ninguna persona debería ser criminalizada por buscar una interrupción voluntaria del embarazo”.

En México, en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que la penalización absoluta del aborto, establecida en el Código Penal del Estado de Coahuila, era inconstitucional. “Este criterio de la Suprema Corte es vinculante para todos los Estados, lo cual es un hito importantísimo”, asegura la especialista. El aborto fue despenalizado durante las primeras semanas de embarazo en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero y Sinaloa.

Los desafíos En Honduras, Nicaragua, República Dominicana o El Salvador, las prohibiciones se mantienen y las barreras para acceder, aún en casos de riesgo para la vida de la mujer o de violación, siguen siendo muy grandes.

“Esperamos que se avance en la despenalización del aborto en los países de la región y se permita que millones de mujeres y personas con capacidad de gestar, que hoy en día ponen en riesgo su vida o ven coartada su libertad, tengan el poder de decidir si desean o no seguir adelante con su gestación”, pide Martínez.

En Ecuador continuará el debate frente a los avances recientes que se lograron para permitir el aborto bajo la causal de violación. Y en Perú seguirán las discusiones frente a la protección de las causales vigentes (riesgo de muerte o en la salud).

#NiñasNoMadres es un movimiento regional a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas, del cual el Centro de Derechos Reproductivos también es parte. “Esperamos que a principios de 2023 se produzcan decisiones por parte de Comités de Naciones Unidas que ampliarán los estándares en relación con el derecho al aborto, de manera reforzada para sobrevivientes de violencia sexual. Esperamos que quede claro que las niñas cuentan con autonomía reproductiva y que deben ser escuchadas frente a su decisión de interrumpir un embarazo”, dice la abogada.

Y agrega: “Se viene una agenda en donde se posicionará, en línea con las últimas guías sobre aborto de la Organización Mundial de Salud, que es necesaria la despenalización del aborto y no su regulación a partir del sistema penal”.

Ante los retrocesos que ha tenido Estados Unidos, con la caída de la sentencia Roe vs. Wade que le daba protección constitucional federal al aborto, es América Latina y su Marea Verde las referentes en este tema, sobre todo por las experiencias de Argentina, Colombia y México.

El Salvador En El Salvador se prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas y las mujeres que sufren abortos espontáneos y emergencias obstétricas pueden ser criminalizadas por homicidio y enfrentarse a penas de hasta 50 años de prisión.

Entre 2000 y 2019 hubo 181 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas, muchas sentenciadas por el delito de homicidio agravado o tentativa. “Las engrilletaron a las camillas, las interrogaron y estigmatizaron con prejuicios de género, y se priorizó su criminalización frente a la atención médica de urgencia que requerían, lo que significó una violación a sus derechos, tal y como lo confirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso de Manuela”, asegura Martínez.

En febrero de 2008, Manuela se sintió muy mal, se acercó a una letrina de su casa, ubicada en una zona rural, en El Salvador. Expulsó un feto y se desmayó. Un vecino la llevó al hospital, donde ingresó con una fuerte hemorragia. En vez de atender los médicos llamaron a la policía. Fue procesada de inmediato y luego condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Manuela murió esposada a una camilla de un penal. Tenia 31 años, dos hijos muy pequeños y un cáncer linfático que nunca fue tratado por el sistema de salud. Era pobre y analfabeta. 

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya cumplió un año: “Esperamos el cumplimiento del Estado salvadoreño en términos de garantizar el secreto profesional, la atención de emergencias obstétricas sin discriminación, la no criminalización de mujeres por buscar servicios de salud reproductiva y, además, que cumpla con las medidas individuales que corresponden para reparar a la familia de Manuela”, explica Martínez.

Presas por abortar “La mayoría de nuestros países sigue penalizando de una u otra forma los procesos reproductivos. No solo con la penalización total, sino con la permanencia del delito dentro de los códigos penales, lo que genera a su vez la perpetuidad de un castigo frente a los roles que supuestamente las mujeres deberíamos cumplir como personas con capacidad de gestar -asegura la abogada-. Tenemos sistemas institucionales, tanto de salud como de justicia, permeados por estereotipos de género que buscan castigarnos por ejercer nuestras libertades sexuales, por nuestra autonomía”. 

También habla del “efecto miedo” del personal de salud, de quienes aún piensan que “las mujeres deben ser castigadas y su atención debe estar supeditada a la evaluación penal”, de la pobreza, la falta de recursos y de la exclusión de la salud y la educación. 

“El acceso a un aborto seguro es un derecho humano reconocido por la Organización de Naciones Unidas y es parte de la lista de atenciones sanitarias esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Su restricción conlleva la violación de múltiples derechos, como a la propia vida, a la salud, a la integridad, a la vida privada, a la autonomía, a estar libre de tratos crueles o a no sufrir violencia y discriminación”, afirma.

Y habla del retroceso en los derechos sexuales ante el avance de los grupos antigénero. “Hay tendencias de retroceso en algunos países, como Estados Unidos, que sin duda se traduce en un mensaje muy complejo al resto del mundo. Es un triste recordatorio de cómo los derechos de las mujeres no pueden darse por sentado y hay que mantener una defensa permanente”.

“Preocupa ver que en América Latina existen grupos opositores a los derechos reproductivos muy activos, los cuales claramente se encuentran conectados con grupos de Estados Unidos que también buscan retrocesos en la salud sexual y reproductiva -detalla-. Frente a esta narrativa la lucha es con evidencia científica, fáctica y enfoques reales de derechos humanos. No parar la movilización y hacer frente permanente a la desinformación”.

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