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Para realizar el juicio oral del caso Cuadernos, el Tribunal pide más empleados a la Corte

Debido a que son más de 130 imputados, entre ellos Cristina Kirchner, y la gran cantidad de testigos y pruebas, el TOF 7 solicitará a la corte más contratos, entre otros recursos.

En septiembre de 2019, el fallecido juez Claudio Bonadio envió a juicio oral a Cristina Kirchner y a medio centenar de empresarios junto a ex funcionarios, investigados en el marco de los Cuadernos de las Coimas. El caso está a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que para fijar fecha de inicio al debate pedirá en 2023 más recursos a la Corte Suprema.

El caso cuadernos avanza de forma más pausada que otros expedientes de cara al juicio oral. En Comodoro Py tienen una explicación para la situación: es una de las investigaciones de mayor envergadura, en prueba documental y cantidad de imputados: más de 130.

Además de la falta de espacio físico para la conservación de la documentación, que en parte se guarda en contenedores ubicados en el estacionamiento de Comodoro Py, con resguardo perimetral y bajo seguridad policial; el Tribunal aduce la falta de recursos.

El otro dato mencionado es que el TOF 7 tiene a cargo, al menos, seis grandes casos de corrupción. Todo deriva en el retraso actual. Sin embargo, el presidente del Tribunal -Enrique Méndez Signori- avanzó en una etapa preliminar importante: en la causa madre y en dos derivaciones más, solicitó a las partes que ofrezcan medidas de pruebas y testigos.

Dicha etapa es previa a comenzar a evaluar el calendario para fijar una fecha de inicio del juicio. El tribunal está determinado a llevar adelante el debate oral, lejos de los casos de sobreseimiento sin la realización del mismo.

Según pudo saber Clarín, el Tribunal se encuentra generando un incidente destinado a ordenar todas las medidas de prueba que en la causa madre ya solicitaron todos los acusados, como también la Fiscalía. Una vez que esto concluya todos los abogados podrán saber qué pidieron los demás.

Para imprimir mayor celeridad, el TOF 7 pedirá al inicio del año judicial próximo, más contratos a la Corte Suprema de Justicia. Habían requerido siete en total y el máximo tribunal concedió el año pasado tres. Según explicaron fuentes judiciales, solicitarán los cuatro restantes.

El caso cuadernos es un expediente con 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 supuestos testaferros. Entre todos ellos hay 31 “arrepentidos”.

Las particularidades del caso generaron una gran cantidad de planteos a resolver por parte de la fiscalía a cargo de Fabiana León y posteriormente, del Tribunal.

Respecto de los numerosos procesados en el caso se dictaron muchas medidas cautelares como embargos, inhibiciones de bienes y congelamientos de cuentas bancarias.

Durante muchos meses esos fueron los principales pedidos que resolvieron la fiscal Fabiana León y los integrantes del TOF 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli. En simultáneo, se trataron las prisiones preventivas dictadas, ya que por sugerencia de la Cámara de Casación se tuvieron que dictar nuevas resoluciones al respecto.

Las acusaciones En el fallo que elevó el caso a juicio oral, Bonadio indicó que se trataba de “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

Según el esquema del juez, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada.

Sólo le quedó la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.

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