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A la espera de su extradición a Chile, ningún juzgado se quiere hacer cargo del caso Jones Huala

La situación judicial de Facundo Jones Huala en Argentina quedó atravesada por un conflicto de competencia entre dos juzgados federales. Lejos de lo que suele ocurrir en causas de interés político y mediático, donde el conflicto suele aparecer por lograr quedarse con un expediente, en el caso del líder mapuche ni la Justicia Federal de Bariloche ni la de Esquel quieren quedarse con el caso, por lo que ahora intervendrá la Cámara Federal.

El líder de la RAM fue detenido este lunes en El Bolsón, en Río Negro, y eso motivó la intervención del Juzgado Federal de Río Negro que arbitró de manera rápida las primeras medidas para empezar a definir el caso. Por eso, en un pazo de cuatro horas -exigido por las normativas procesales- la jueza Domínguez libró una serie de exhortos a diferentes organismos para que informaran los alcances de la alerta azul que pesaba sobre Jones Huala y si Chile estaba interesado en la detención. 

En ese plazo, la información llegó al despacho de la jueza, que se enteró las características de la alerta y que “a diferencia de la Notificación Roja, la de índice azul no permite la detención del buscado”. También que al momento de la detención del acusado no existía un pedido de captura internacional. 

Con esa información en sus manos y con Jones Huala detenido en una comisaría de Río Negro, la jueza Domínguez se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Esquel. Lo hizo bajo los argumentos de que el detenido tiene domicilio bajo esa jurisdicción y de que no había orden de captura. Fue el punto de inicio de una disputa por la competencia que ahora debe definir la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. 

Por qué ningún juzgado quiere el caso Jones Huala Ocurre que cuando las actuaciones llegaron al Juzgado Federal de Esquel, ya en la provincia de Chubut porque Huala tiene domicilio ahí, la magistrada subrogante sostuvo que no correspondía que la causa quede radicada allí porque “no se ha formalizado el pedido de extradición”. Para justificarse, la magistrada citó un artículo de la Ley de Extradición que sostiene que en caso de arresto provisorio sin intervención judicial previa será competente el juzgado que tenga jurisdicción en el lugar de detención. 

El expediente volvió a Río Negro y la jueza Domínguez mantuvo su criterio, al que pudo abonar con más argumentos con el paso de las horas. 

Entre ellos, según una resolución a la que accedió PERFIL, la magistrada sostuvo que resultaba suficiente para cerrar la disputa el hecho de que la alerta roja de Interpol emitida ayer llegó al Juzgado de Esquel a las 13:59 y fue agregada al expediente 40 minutos más tarde. Eso “en tanto que la resolución que declinó la competencia (de Bariloche) fue suscripta a las 13:11 horas, es decir con anterioridad al pedido de detención preventiva de Chile. 

En su dictamen, la jueza de Bariloche citó un caso precedente y respondió con cierta molestia un párrafo en el cual su colega de Esquel había catalogado su intervención como “oficiosa”. “Quiero decir que la necesaria actividad jurisdiccional del Tribunal a mi cargo lejos estuvo de tratarse de una actividad ‘oficiosa’, tal como la catalogó el Juzgado de Esquel”, apuntó la magistrada en el comienzo de un párrafo que deja entrever una situación de tensión entre ambos juzgados. 

Así las cosas, la Cámara Federal de General Roca deberá definir qué normativa le cabe al caso, es decir, si se debe hacer cargo el Juzgado con jurisdicción en el lugar de detención o el que trabaja bajo el área de jurisdicción donde Huala está domiciliado. 

Mientras tanto, hoy a las 10 de la mañana Huala participará de una audiencia de formalización en el Juzgado Federal de Bariloche, donde los funcionarios judiciales le informarán los motivos por los que fue detenido. Después seguirá tras las rejas a la espera de que se concreten las intenciones de Chile de extraditarlo.

De qué se lo acusa a Jones Huala El líder mapuche, conocido por su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), está acusado de ser el responsable de un violento incendio cocurrido en 2013 en la casa de los cuidadores de una reserva en Río Bueno, Chile. Por ese delito, al que se le suma la tenencia de un arma de fuego artesanal, en 2018 la Justicia chilena lo condenó a 9 años de prisión. 

Fue el Tribunal de Juicio Oral de Valdivia, que en una resolución había señalado que a ese plazo de pena se le iban a descontar los 1.178 días que el líder mapuche había estado preso tanto en Argentina como en Chile. 

A Huala lo habían detenido el 27 de junio de 20178 cuando Gendarmería lo encontró en un control vehicular y detectó que tenía un pedido de detención. Cumplió prisión en una cárcel de Esquel y después domiciliaria en la casa de su abuela. 

Cuando fue condenado, Jones Huala ya tenía sobre si una orden de extradición emanada por la Corte Suprema de Argentina. Fue en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, quienes en voto conjunto desestimaron los planteos de la defensa de Jones Huala, que se oponían a la extradición argumentando la nulidad de un pedido previo. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti apoyaron la extradición con consideraciones propias, entre ellas la falta de fundamentación del pedido. 

Huala estuvo detenido hasta mediados de enero de 2022, cuando una decisión de la Justicia chilena le permitió la libertad condicional.

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