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Este lunes el gobierno publicó en el Boletín Oficial la postulación del juez Ariel Lijo para cubrir la vacante que dejó Helena Higthon en la Corte Suprema de Justicia. Comienzan a correr los quince días hábiles para que se presenten ante el Ministerio de Justicia los apoyos y las impugnaciones. Mientras, en el Consejo de la Magistratura, el candidato tiene otro frente abierto: cuatro denuncias en su contra, algunas a punto de cerrarse y otras con el trámite recién iniciado.
Una vez que esté cumplido ese plazo para las impugnaciones y observaciones, corren otros quince días para que el Poder Ejecutivo las evalúe y decida si envía la propuesta de los candidatos al Senado de la Nación.
Si eso ocurre, deberá fundamentar la propuesta y remitir un Proyecto que será remitido a la Comisión de Acuerdos, donde iniciará la discusión política sobre el candidato del Gobierno.
Dicha comisión deberá fijar una fecha para la realización de la audiencia pública y enviar -a su vez- una copia del pliego y de los antecedentes a todos los senadores que la integran. Después de la audiencia y de una serie de pasos administrativos, la Comisión deberá emitir un dictamen recomendando al pleno del Senado la aprobación o rechazo del pliego con al menos dos tercios de los votos de los legisladores presentes.
Mientras todo ese trámite se cumple, en el Consejo de la Magistratura hay otro frente abierto para Lijo.
Desde 2006, dos años después de su designación, Lijo comenzó a recibir denuncias en el Consejo de la Magistratura. Este organismo presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no sólo tiene el deber de seleccionar a los candidatos a jueces sino también la responsabilidad de investigar a quienes hayan sido denunciados.
En el organismo, hay dos comisiones que, según la gravedad de los hechos que se le atribuyen a los magistrados, toman las denuncias. Por una lado, la Comisión de Disciplina cuando se piensa más en una sanción, y la de Acusación, que aborda los expedientes más complejos.
Lijo acumuló 23 denuncias en el Consejo. Según explicaron fuentes del organismo a Clarín, muchas de ellas fueron desestimadas por falta de sustento, pues estaban motivadas por el tenor de las decisiones del magistrado adoptadas en algún expediente.
Si se toma como fecha de corte de las denuncias febrero del año en curso, figuran en trámite sólo cuatro denuncias contra el magistrado y candidato de Milei para asumir en la Corte Suprema.
Una de las últimas denuncias la formuló Elisa Carrió, líder del ARI-Coalición Cívica: “el doctor Lijo ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal. Es por ello que, en nuestro carácter de denunciantes —precisamente, en una de las causas en las que se lo investigó—, consideramos necesario requerirle su intervención a fin de que el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación y, especialmente, la sociedad en su conjunto pueda tomar debido conocimiento de la persona propuesta por el Presidente de la Nación. Ello así, pues, su nominación y el eventual acuerdo para designar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reviste sumo interés público”, indica la denuncia.
En agosto del año pasado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López había denunciado al juez Lijo por su accionar en el expediente que investiga la obra social del Poder Judicial: “buscó beneficiar a Ricardo Lorenzetti, con quien tiene un vínculo de amistad”, asegura la denuncia. Se acusó al magistrado de incumplimiento de los deberes, prevaricato y de dilatar adrede la pesquisa sin ningún fundamento.
Según explicaron desde el Consejo de la Magistratura, esa presentación fue asignada a la Comisión de Disciplina, pero “desde el día que ingresó -27 de septiembre de 2023- se encuentra en presidencia y nunca fue sorteada para iniciar su trámite”.
El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, dijo a Clarín que la propuesta de Lijo para integrar la Corte “es un golpe a la independencia de la justicia, una vergüenza y garantía de impunidad, casta de la casta si las hay. Este juez permitió la impunidad del escandaloso saqueo de YPF. Hace años Elisa Carrió y la Coalición Civica lo denunciamos ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal: encubrimiento en el caso Siemens, injustificada situación patrimonial, vínculos y tráfico de influencias”.