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Aplazado el juicio a tres joyeros para los que piden prisión y multas que suman 136 millones en Córdoba

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La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba ha aplazado este martes el juicio a tres joyeros que se enfrentan a 15 años y un mes de prisión para cada uno por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda pública a través de una falsa compraventa de oro. La fiscal solicita, además, que se impongan 45,4 millones de euros en multas para cada uno, por lo que las sanciones superan los 136 millones en total.

La vista oral, finalmente, ha sido suspendida hasta el próximo septiembre por un cambio reciente de abogados de los encartados. Se da la circunstancia de que estos individuos ya fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión por la Audiencia provincial, pero el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio al considerar que se debieron practicar pruebas solicitadas por las defensas (una contrapericial, ya que la presentada fue realizada por un inspector tributario, y otras documentales) que fueron inadmitidas entonces.

Uno de los encartados es vecino de Cádiz y los otros dos, que son familia, de Córdoba. Además, se atribuye una supuesta responsabilidad civil subsidiaria a la empresa de la que estos dos últimos eran socios y a otras dos firmas. El Ministerio Público entiende que, presuntamente, en los años 2010, 2011 y 2012 declararon ventas de oro inexistentes y se lucraron con las devoluciones de Hacienda. Así, apunta que habrían simulado estas operaciones con facturas ficticias emitidas por una empresa falsa de la que era administrador único el tercer acusado.

Por estas actuaciones, considera a los encartados responsables de delitos contra la Hacienda pública en concurso con delitos de falsedad en documento mercantil. Solicita, para cada uno de los procesados, cuatro años y un mes de prisión, y una multa de 1,6 millones de euros por los hechos de 2010; cinco años de prisión y una multa de 17,8 millones de euros por los de 2011, y seis años de prisión y una multa de 26 millones de euros por l 2012.

Una indemnización de 22 millones de euros

En la misma línea, la fiscal reclama que acusados y empresas, de forma solidaria, indemnicen a la Agencia Tributaria en casi 781.000 euros por la cuota defraudada en 2010; en 8,5 millones por el delito contra la Hacienda pública de 2011 y en otros 13 millones por el delito del año siguiente. La Abogacía del Estado también ejerce acusación en este procedimiento y, según ha trascendido este martes, se ha vuelto a retirar la acusación contra una cuarta persona investigada (como ya ocurrió en el primer juicio) al entenderse que no tiene relación con los hechos.

Fuentes consultadas explican que los delitos de los que son acusados estas personas no han prescrito, aunque llegado el momento pudiera aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas (al haber transcurrido más de una década) y rebajarle las penas. También puntualizan que, en caso de prescribir el delito en el ámbito penal, la deuda tributaria persistiría.

De hecho, en estos momentos el juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba debe resolver si traslada a Hacienda la información del procedimiento judicial de la operación Fénix, donde fueron absueltos un centenar de joyeros de un presunto fraude a Hacienda, después de que la Agencia Tributaria haya solicitado los datos para realizar una inspección fiscal. La Fiscalía de Córdoba se ha manifestado a favor de esta cesión de información.

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