Noticias y curiosidades del mundo
«Edmundo González Urrutia acató los poderes del Estado«, dijo en tono triunfal el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, en relación a un documento en el que reconoce la victoria en las urnas de Nicolás Maduro y que, según el candidato de la oposición, fue arrancado de manera extorsiva antes de su partida al exilio español.
«Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias«, dijo el abanderado de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) en los comicios del 28 de julio. En un mensaje divulgado a través de X, González Urrutia reveló que fueron Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes se presentaron en la residencia del embajador español, Ramón Santos, con el texto como moneda de cambio que no admitía otra opción que la firma. «Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano», dijo. No solo calificó a ese documento de nulo, sino que reivindicó en los hechos su triunfo en los comicios. González Urrutia se comprometió en ese sentido a hacer cumplir el mandato de millones de venezolanas y venezolanos que votaron por él. «No me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy».
El documento en manos del Gobierno
El diario madurista ´Ultimas Noticias` y el canal televisivo Telesur presentaron en tanto el texto como una suerte de acta de rendición de González Urrutia. » Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que, aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República», se señala.
Además, el exdiplomático de carrera expresa se muestra en esa página «convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades de entendimiento» con el Palacio de Miraflores. «En el interés supremo de la paz de mi país, deseo trasladarle mi respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales, representadas en los cinco poderes del Estado», señala en un tono llamatimente desconcertante para muchos lectores porque utiliza el mismo lenguaje oficial. Y concluye: «seré absolutamente respetuoso de las instituciones e intereses de Venezuela, y siempre apelaré a la paz, el diálogo y la unidad nacional». Explica a su vez que ha decidido salir del país en aras de «se consolide la pacificación» y espera en ese sentido de «los buenos oficios» de Rodríguez.
El presidente de la AN exhibió ese texto en tono amenazante. «Con esto esperamos que se acabe el chisme y usted cumpla con lo que firmó aquí, señor González Urrutia». Dijo al respecto que tuvieron dos reuniones con el candidato opositor al igual que conversaciones telefónicas. Rodríguez también presentó imágenes de uno de los encuentros y un video en el que se ve al opositor subiendo al avión español. Además, advirtió que tiene 24 horas para rectificar lo expuesto en X donde alude a un hecho extorsivo. El Gobierno, añadió Rodríguez, tiene en su poder grabaciones que refutarían su postura.
Antecedentes
El candidato de la PUD llegó a Madrid el 8 de septiembre. El Palacio de Miraflores decidió divulgar esa carta después de que el Congreso de los Diputados le pidiera al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, que lo reconozca como presidente legítimo surgido de las urnas. González Urrutia se reunió con Sánchez y con Mariano Rajoy, Felipe González y José María Aznar. La puesta en circulación de un documento cuya validez política es negada por su propio suscriptor, se conoce en momentos de inédita tensión entre España y Venezuela. La AN dejó en manos de Maduro que decida la pertinencia de una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. En este contexto tiene a su vez lugar el arresto de dos españoles a los que el Gobierno acusa de ser parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que entraron a territorio venezolano para perpetrar acciones calificadas de terroristas.